lunes, 21 de diciembre de 2009

miércoles, 16 de diciembre de 2009

POSEE...IDO

Desde Copenhague, el jefe de Gobierno porteño se mostró inmune a la andanada de críticas que cuestionaron a Posse. Apeló al discurso PRO porque “buscamos soluciones no enganchándonos en dar debates con fantasmas del pasado”.

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Designaciones PRO (otra que sale del casting de fachos)

El reemplazante de Mariano Narodowski en el Ministerio de Educación será el ex embajador Abel Posse, un hombre que realizó la mayor parte de su carrera diplomática durante la dictadura. Mauricio Macri le ofreció el cargo y el escritor aceptó.

Sectores del peronismo de derecha habían promocionado al escritor Abel Posse, antes de la asunción de Néstor Kirchner, como el canciller del nuevo gobierno. Sin embargo en esa interna pesaron algunos de los antecedentes del escritor en el plano político. Aunque suele comentar que fue designado en marzo del ’73 por el gobierno de Héctor Cámpora en el consulado argentino de Venecia, en realidad su designación provino de la dictadura del general Lanusse. Y en 1976 siguió en ese cargo gracias al respaldo de un primo almirante y del general Betti, que era el embajador de la dictadura en Italia. En 1981 asumió en el Centro de la Cultura en París, donde se desempeñó hasta 1985.

Durante el menemismo, Posse fue embajador en Perú, cuando lo gobernaba Fujimori, quien ha sido condenado por graves violaciones a los derechos humanos. Posse se extralimitó en la defensa de Fujimori y criticó a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que había planteado las denuncias contra el mandatario peruano.

El inminente ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires también criticó duramente al abogado español Baltasar Garzón, que había abierto juicios contra represores argentinos que no eran juzgados en este país. La defensa de Posse le valió en ese momento los elogios de los sectores más cavernícolas y pro-dictadura. Aunque posa de moderado, en sus columnas de La Nación ha defendido a los represores de la dictadura y cuestionado los juicios contra los asesinos y torturadores. En la Cancillería se lo reconoce como misógino desde que solicitó un secretario administrativo “que no fuera mujer, por sus obvias limitaciones”.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

PICADO FINO


EL DERRUMBE DE LA POLICIA METROPOLITANA

El comisario Fino Palacios, primer jefe de policía de Macri, fue detenido por el escándalo de espionaje. El segundo jefe, Osvaldo Chamorro, fue despedido al descubrirse archivos suyos sobre escuchas a políticos y gremialistas. El secretario de Seguridad, Guillermo Montenegro, asumió la responsabilidad política.

"Como toda fuerza de derecha, el macrismo niega la existencia de fronteras ideológicas. Sus espías parecen pensar lo mismo, pues sus pesquisas recorren un espinel variado que tocó al vicejefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a un cuñado de “Mauricio”.
Como dice la cita que encabeza esta nota, los agentes de inteligencia son torpes y delirantes, en Francia, en Suecia o acá. Pero la responsabilidad por sus faltas o delitos es del poder político que los comanda. La del macrismo se multiplica porque eligió ese elenco, arrancando desde cero, sin la mochila de tener personal enquistado de gestiones anteriores. Contra sus hábitos, el macrismo desechó culpar al gobierno nacional de sus cuitas. La paranoia tiene sus límites y aun los creativos que guionan a Macri parecen haberse percatado
"...
Mario Wainfeld, Página 12, Miércoles 18 de noviembre de 2009

viernes, 6 de noviembre de 2009

La matriz de la topadora


"La UCEP de Mauricio Macri es hija dilecta de la topadora del brigadier Osvaldo Cacciatore. Esta arrasó con las villas miseria y las viviendas que se interponían en la traza de la autopista 25 de Mayo. La patota del espacio público y también privado erradica a las personas en situación de calle todas las noches, de manera metódica y para que no se note demasiado. Pero sus 444 operativos en siete meses cobraron demasiada visibilidad. Le pusieron una cifra exacta a una política criminal. Ayer se anunció que el grupo formado por 26 agentes del gobierno porteño ya no expulsará con violencia a los indigentes de las veredas, parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires. A sus miembros se les asignarán otras funciones.
Sus víctimas desconfían. No creen en el acuerdo al que arribaron el ministro porteño Juan Pablo Piccardo y la defensora del Pueblo, Alicia Pierini. Será porque con la UCEP se institucionalizaron distintos delitos con cobertura estatal. Una solución surgida del acuerdo en el que intervino quien prohijó esta patota, para sus damnificados no tiene crédito. El 8 de marzo de este año, cuando Página/12 publicó en su tapa la primera de una larga serie de notas sobre la Unidad creada por el decreto 1232/08, el abogado de la Defensoría del Pueblo, Ricardo Dios, afirmó: “Esta gente comete delitos y tiene que ir presa”.
Sus delitos llegaron a sede judicial. Una embarazada, Carla Baptista, los denunció por lesiones. Estudios médicos detectaron un desplazamiento de placenta. También se acumularon acusaciones de indigentes que sufrieron ataques de la UCEP en la Defensoría del Pueblo. Pero nadie fue preso. Ni siquiera hay un procesado en la causa que se abrió por una denuncia de la diputada Liliana Parada, la primera persona que desde uno de los tres poderes del Estado porteño actuó con rapidez sobre el problema.
Así como la UCEP tiene una misma matriz política que la topadora del intendente de la última dictadura, las denuncias de los vecinos molestos con los indigentes que les afean sus barrios o les bajan el valor a sus viviendas son también parte del problema. Y demuestran que la falta de sensibilidad con los semejantes, esos despojos humanos que se cuentan de a miles en las calles, le dieron una excelente coartada a Macri para interpretar ese espíritu ciudadano. La UCEP, hay que decirlo, es la catalizadora de esas demandas. Ser pobre e indigente, pero además mimetizarse en el paisaje público, no es compatible con la Buenos Aires que imagina el gobierno porteño en vísperas de los fastos del bicentenario que se avecinan."


Por Gustavo Veiga, Página 12 (viernes 6 de noviembre de 2009)


EL GRAN CUÑADO

Néstor Daniel Leonardo es cuñado del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Tiene 49 años, trabaja de parapsicólogo y está casado desde hace cinco años con Sandra Macri. El juez federal Norberto Oyarbide comprobó que tuvo su celular pinchado ilegalmente entre mayo y junio de 2008. La orden para intervenir su teléfono la dio un juzgado de Misiones a través de una causa armada y las cintas con sus conversaciones las retiraba de la SIDE el policía-abogado-espía Ciro James –hombre del riñón del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios–, quien a los pocos días de iniciada esta escucha fue contratado en el Ministerio de Educación porteño. “Creo, sin posibilidad de error, que el Sr. Franco Macri habrá hablado con Mauricio Macri a los efectos de que violaran mi intimidad por medio de la pinchadura de teléfono. Tanto Mauricio como Franco tienen interés en que yo desaparezca de la familia”, afirmó al dar su testimonio en el juzgado. Leonardo contó que su suegro le ofreció dinero para separarse de su hija y lo amenazó en varias oportunidades. Lo acusó también de perjudicar económicamente a su mujer.

miércoles, 21 de octubre de 2009

Montenegrísimo

Luego de que allanaran su ministerio, el titular de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad, Guillermo Montenegro, debió dar explicaciones públicas por el escándalo del espionaje telefónico a familiares de víctimas de la AMIA. La oposición pidió su renuncia, pero el ministro aseguró que no lo hará...

Después de que allanaron ayer las oficinas de su ministerio, tuvo que dar una conferencia de prensa en la que reconoció, por primera vez, que James iba a ser contratado en la Metropolitana. También afirmó que en Educación iniciaron otro sumario para indagar cuáles eran las funciones que cumplía allí, algo que ningún funcionario PRO pudo explicar. Aunque admitió que existen llamados cruzados entre James y el actual jefe de la policía porteña, Osvaldo Chamorro, dijo que eran exclusivamente por los trámites para contratar al espía.